Plaza Pública, Periódico Reforma, 6 de marzo de 2007.
El 26 de febrero la señora Ernestina Ascensio Rosario fue asaltada en su domicilio en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad de Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz, presumiblemente por miembros de una partida militar que había acampado en el cercano barrio de Ahuescoa. La infortunada mujer, cuya edad no ha sido precisada (pues la información al respecto oscila entre 70 y 82 años) fue violada por los agresores con tal brutalidad que pocas horas después falleció en el hospital de Río Blanco, a donde se la trasladó en el inútil intento de salvarle la vida. Con todo, ella misma pudo afirmar que eran militares sus agresores, lo que ha sido corroborado por testigos que vieron a integrantes del Ejército entrar y salir de la casa asaltada.
El 1 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional expidió su boletín número 17, en que informa: “Con relación a la publicación de algunas notas periodísticas en las que se menciona que una mujer de avanzada edad, originaria de Tetlazingo, Veracruz, falleció a consecuencia de la presunta violación por personal militar, la Comandancia de la 26a. Zona Militar realizó diversas acciones, entre las que destacan exámenes médicos y entrevistas a los efectivos militares desplegados en el mencionado lugar, sin que hasta el momento se haya encontrado alguna prueba que los involucre.
“No obstante que la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz lleva al cabo las investigaciones correspondientes, el agente del Ministerio Público Militar procedió a integrar una averiguación previa para deslindar responsabilidades, quien con independencia y autonomía determinará lo que en derecho proceda, sin que hasta el momento se hayan encontrado pruebas o indicios fehacientes que señalen como probables responsables a personal militar”.
Lo mismo informa el gobierno de Veracruz. El subsecretario de Seguridad Pública Carlos Francisco Mora Domínguez dijo el 4 de marzo que miembros de la policía de esa dependencia y de la ministerial realizan investigaciones en la zona, “pero por el momento no se sabe si son o no son elementos de la Sedena” los responsables de la agresión. (El dictamen, 5 de marzo). Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos admite la posibilidad de que lo sean, pues el 3 de marzo informó haber iniciado una investigación sobre el caso. Envió a cinco visitadores al lugar de los hechos al que identifica, como lo hago en el párrafo inicial de estas líneas, como Tetlatzinga, que han solicitado información a las dependencias locales concernidas y a la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente a la Dirección General de Justicia Militar.
Una partida del Ejército se presentó en la última semana de enero en Soledad Atzompa. Su actuación obligó al alcalde de ese municipio a enviar el 2 de febrero una queja a la Zona Militar mencionada, cuyo cuartel se encuentra en Orizaba. Denunciaron arbitrariedades cometidas por soldados y oficiales que “nos maltratan como si fuéramos animales, porque erróneamente suponen que no conocemos nuestros derechos”. La autoridad municipal afirmó no tener noticia de las causas del despliegue militar, y le pareció inadmisible “que su presencia aquí se deba a una estrategia de intimidación a nuestro pueblo nahua, que es democrático. Lo que no aceptamos es que no se respete a las autoridades municipales y comunitarias”.
Después de tres semanas sin obtener respuesta de la comandancia castrense se produjo el incalificable atentado contra la señora Ascensio Rosario, cuya muerte, aunque no hubiera sido causada por militares, según sostiene la superioridad, no mereció a ésta ni siquiera la mención del nombre de la víctima y menos aún una nota de lamentación por el suceso. Tras ese ataque, el ayuntamiento se dirigió al presidente de la República para decirle que “la institución castrense hasta ahora no nos ha servido, por lo contrario, sólo nos ha agredido atentando contra nuestra integridad física y dignidad como personas, como humanos. Por eso demandamos y emplazamos al Ejército para que de inmediato salga de nuestro territorio y no vuelva más, y a usted, con igual respeto, demandamos que haga justicia a nuestro pueblo, para que este inexplicable crimen no quede impune, ni se repitan los abusos ni arbitrariedades que ya hemos denunciado”.No ha sido raro que miembros del Ejército cometan delitos del fuero común, especialmente en comunidades lejanas donde sus efectivos quedan acantonados durante mucho tiempo. La regla frente a las denuncias correspondientes es que la única consecuencia sea la impunidad. Hay un caso en que probablemente no fuera así, pero acontecimientos recientes parecen refrendar esa lamentable secuela. Se trata de la agresión a 13 bailarinas y sexoservidoras de la zona de tolerancia en Castaños, Coahuila, perpetrada el 11 de julio pasado, poco después de los comicios federales. Fueron sometidas a atroces vejaciones por una veintena de soldados cuyo cometido era resguardar paquetería electoral. A pesar de que los desmanes de esos militares causaron daños y perjuicios materiales en los locales atacados, y lesiones a cantineros y clientes, sólo las mujeres ultrajadas denunciaron los hechos. Identificados 12 de los atacantes, la Procuraduría Estatal de Justicia capturó a ocho, que son procesados. Pero desde el momento de su detención las mujeres acusadoras han sido asediadas para que depongan su acusación, lo que ya hicieron dos, el viernes pasado.
El 1 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional expidió su boletín número 17, en que informa: “Con relación a la publicación de algunas notas periodísticas en las que se menciona que una mujer de avanzada edad, originaria de Tetlazingo, Veracruz, falleció a consecuencia de la presunta violación por personal militar, la Comandancia de la 26a. Zona Militar realizó diversas acciones, entre las que destacan exámenes médicos y entrevistas a los efectivos militares desplegados en el mencionado lugar, sin que hasta el momento se haya encontrado alguna prueba que los involucre.
“No obstante que la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz lleva al cabo las investigaciones correspondientes, el agente del Ministerio Público Militar procedió a integrar una averiguación previa para deslindar responsabilidades, quien con independencia y autonomía determinará lo que en derecho proceda, sin que hasta el momento se hayan encontrado pruebas o indicios fehacientes que señalen como probables responsables a personal militar”.
Lo mismo informa el gobierno de Veracruz. El subsecretario de Seguridad Pública Carlos Francisco Mora Domínguez dijo el 4 de marzo que miembros de la policía de esa dependencia y de la ministerial realizan investigaciones en la zona, “pero por el momento no se sabe si son o no son elementos de la Sedena” los responsables de la agresión. (El dictamen, 5 de marzo). Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos admite la posibilidad de que lo sean, pues el 3 de marzo informó haber iniciado una investigación sobre el caso. Envió a cinco visitadores al lugar de los hechos al que identifica, como lo hago en el párrafo inicial de estas líneas, como Tetlatzinga, que han solicitado información a las dependencias locales concernidas y a la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente a la Dirección General de Justicia Militar.
Una partida del Ejército se presentó en la última semana de enero en Soledad Atzompa. Su actuación obligó al alcalde de ese municipio a enviar el 2 de febrero una queja a la Zona Militar mencionada, cuyo cuartel se encuentra en Orizaba. Denunciaron arbitrariedades cometidas por soldados y oficiales que “nos maltratan como si fuéramos animales, porque erróneamente suponen que no conocemos nuestros derechos”. La autoridad municipal afirmó no tener noticia de las causas del despliegue militar, y le pareció inadmisible “que su presencia aquí se deba a una estrategia de intimidación a nuestro pueblo nahua, que es democrático. Lo que no aceptamos es que no se respete a las autoridades municipales y comunitarias”.
Después de tres semanas sin obtener respuesta de la comandancia castrense se produjo el incalificable atentado contra la señora Ascensio Rosario, cuya muerte, aunque no hubiera sido causada por militares, según sostiene la superioridad, no mereció a ésta ni siquiera la mención del nombre de la víctima y menos aún una nota de lamentación por el suceso. Tras ese ataque, el ayuntamiento se dirigió al presidente de la República para decirle que “la institución castrense hasta ahora no nos ha servido, por lo contrario, sólo nos ha agredido atentando contra nuestra integridad física y dignidad como personas, como humanos. Por eso demandamos y emplazamos al Ejército para que de inmediato salga de nuestro territorio y no vuelva más, y a usted, con igual respeto, demandamos que haga justicia a nuestro pueblo, para que este inexplicable crimen no quede impune, ni se repitan los abusos ni arbitrariedades que ya hemos denunciado”.No ha sido raro que miembros del Ejército cometan delitos del fuero común, especialmente en comunidades lejanas donde sus efectivos quedan acantonados durante mucho tiempo. La regla frente a las denuncias correspondientes es que la única consecuencia sea la impunidad. Hay un caso en que probablemente no fuera así, pero acontecimientos recientes parecen refrendar esa lamentable secuela. Se trata de la agresión a 13 bailarinas y sexoservidoras de la zona de tolerancia en Castaños, Coahuila, perpetrada el 11 de julio pasado, poco después de los comicios federales. Fueron sometidas a atroces vejaciones por una veintena de soldados cuyo cometido era resguardar paquetería electoral. A pesar de que los desmanes de esos militares causaron daños y perjuicios materiales en los locales atacados, y lesiones a cantineros y clientes, sólo las mujeres ultrajadas denunciaron los hechos. Identificados 12 de los atacantes, la Procuraduría Estatal de Justicia capturó a ocho, que son procesados. Pero desde el momento de su detención las mujeres acusadoras han sido asediadas para que depongan su acusación, lo que ya hicieron dos, el viernes pasado.
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